04/01/2026
La Muchacha y títere José Jerí, elegido por nadie como presidente y respaldado por los grupos de poder económico que se tumbaron el legitimo gobierno de Pedro Castillo, da un nuevo paso para terminar de rematar Petro Perú. No olvidemos que en los '90 Alberto Fujimori vendió los principales activos petroleros nacionalizados por Velasco, incluyendo la planta de lubricantes Petro L**e. En momentos en que estos recursos estrategicos son disputados a nivel mundial, es indignante que esta camarilla que ha asaltado el poder se arrogue la facultad de decidir si esto es lo mejor para el país o solamente conviene a sus negocios. Un gobierno y un Congreso realmente representativos del pueblo deben desmontar esta farsa.
Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal
Por Aaron Ramos
A vísperas de Año Nuevo, el Gobierno interino de José Jerí publicó el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, una norma que habilita la reorganización patrimonial de Petroperú y la incorpora al régimen de promoción de la inversión privada, tal como lo adelantó La República hace unos días.
El decreto autoriza que Petroperú sea «partida» y deje de operar como una empresa integrada. Así, la norma permite la reorganización de los bienes de la petrolera estatal en uno o más bloques patrimoniales, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, el proyecto energético más importante del país con una inversión superior a los US$5.000 millones, sin contar infraestructura logística, posición de mercado ni el potencial asociado a nuevos descubrimientos de hidrocarburos en el norte del país.
Petroperú: se faculta a Proinversión para el proceso de privatización
Estos bloques podrán ser transferidos a empresas creadas por la propia Petroperú, con el objetivo de facilitar su administración, acceder a financiamiento y asegurar la continuidad de sus operaciones, según lo determine ProInversión, reza el documento. Aunque estas empresas seguirán siendo formalmente de propiedad estatal, los activos dejan de formar parte del balance principal de la petrolera, un camino para que algunos cambien de manos en el futuro, ya que ProInversión tiene la potestad de decidir cómo se reparten.
Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, afirmó que «el decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche» es un proceso de privatización por partes, ya que el decreto faculta a ProInversión a conducir dicho proceso. Además, advirtió que, al tratarse de un gobierno de transición, la adopción de decisiones de esa naturaleza es sumamente riesgosa. Por otro lado, cuestionó la experiencia de dicha agencia en el sector hidrocarburos.
Como señala el decreto, se encarga a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso, incorporando a Petroperú al marco del Decreto Legislativo N.° 674, que regula la promoción de la inversión privada en empresas del Estado. La agencia queda facultada para definir la modalidad de promoción aplicable, decidir la transferencia de activos, seleccionar operadores especializados y estructurar fideicomisos para la administración y garantía de los flujos.
Además, la norma deroga el artículo 1 de la Ley N.° 28244, que excluía a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada, lo que elimina una de las principales barreras legales que impedían este tipo de procesos. El decreto establece que Petroperú debe entregar a Proinversión S/144 millones para que emprenda el proceso de privatización. «No sé de dónde va a sacar una empresa que está con las justas económicamente. Es una contradicción del Gobierno», afirmó Ochoa.
Petroperú: destinan S/240 millones para despido de personal
El decreto dispone que, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, el directorio de Petroperú apruebe una nueva estructura orgánica. En paralelo, se autoriza un aporte de capital de hasta S/240 millones en 2026 para financiar medidas de reorganización interna, incluida la reconversión y despido masivo de personal que incluye los compromisos laborales.
La coalición sindical de Petroperú advirtió que este decreto de urgencia «descuartiza» a Petroperú y que «Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú».
«La Refinería de Talara es una infraestructura moderna y estratégica que el país no puede darse el lujo de perder ni entregar a intereses ajenos al interés nacional», sostuvieron en un comunicado.
Previamente, sindicatos de trabajadores como Sitrarepp o Sutperdag, que reúnen a empleados de la estatal, realizaron movilizaciones y señalaron que «la refinería es un patrimonio de Talara y la vamos a defender de este gobierno transitorio».
El régimen de Jerí señala que estas medidas «buscan garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles», especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85% del mercado. El decreto tiene una vigencia de un año y es de aplicación inmediata, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.
De acuerdo con el propio decreto, Petroperú enfrenta pérdidas operativas desde 2022, capital de trabajo negativo y una dependencia del endeudamiento externo. A octubre de 2025, la empresa registraba solo S/ 66 millones de caja y una reducción de sus líneas de crédito.
Dato:
Petroperú tiene una participación total de 26% en el mercado nacional de combustibles, con una cuota de 42% en diésel y 31% en gasolinas, a octubre de 2025. En regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, la empresa estatal concentra más del 85% del mercado y atiende sin IGV en zonas donde no existe una presencia del sector privado.
