04/07/2025
🔴Despojo de tierras en Chiapas vinculado a Farmacias del Ahorro; campesinos denuncian corrupción y violencia.
En Puerto Arista, Chiapas, más de 120 familias campesinas están siendo desplazadas de sus tierras, que han habitado y trabajado por más de 50 años. Los terrenos, que abarcan más de 300 hectáreas en predios como Monte Calvario I, Jardines del Edén y Nuevo Puerto Arista, son ahora reclamados por la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, empresa ligada a Farmacias del Ahorro y a la familia de Paulina Castañón, exesposa de Raúl Salinas de Gortari.
El origen del conflicto se remonta a una antigua finca llamada “El Zapotal”, cuyas tierras no fueron integradas al reparto agrario tras un decreto presidencial en 1971. Los pobladores iniciaron un proceso de regularización en 2009, y en 2018 Sedatu declaró como terrenos nacionales los predios que ocupaban, reconociendo su posesión legítima.
Sin embargo, en 2020 la farmacéutica presentó escrituras de 2014 para reclamar dos fracciones de esa antigua finca, documentos que, según los comuneros, nunca estuvieron registrados oficialmente ni fueron tomados en cuenta por Sedatu al emitir su resolución.
A pesar de que un amparo solo reconoció un traslape menor de poco más de 13 mil metros cuadrados, un juez ordenó la restitución de esos terrenos, lo que dio pie a desalojos violentos, donde participaron policías estatales, Guardia Nacional y elementos de la Marina. Las viviendas fueron destruidas con maquinaria pesada, aún cuando el litigio sobre la posesión sigue abierto.
Los campesinos, en su mayoría adultos mayores, denuncian que han sido víctimas de corrupción judicial, amenazas, fabricación de delitos, y del uso de la fuerza pública sin que se respete el debido proceso legal. Señalan como ejemplo el caso de Amaniel Espinosa, su representante, quien ya fue encarcelado entre 2012 y 2014 por el delito de despojo y ahora enfrenta un nuevo juicio por el mismo cargo, lo cual va contra la Constitución.
Detrás de este conflicto, acusan, se encuentra el interés por desarrollar un megaproyecto turístico de lujo, que contempla hoteles, campos de golf y zonas residenciales frente al mar, en una franja de más de siete kilómetros de playa.
Actualmente, Sedatu ha pedido al juez detener cualquier acto de restitución en los terrenos de Monte Calvario I, ya que son propiedad de la Nación. Sin embargo, a pesar de esa solicitud, el desalojo se llevó a cabo. Los pobladores piden la intervención urgente del Gobierno Federal, Sedatu, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales para frenar lo que consideran un despojo institucionalizado avalado por intereses económicos y políticos.
