12/01/2026
LAS NACIONES QUE OLVIDAN SU HISTORIA TERMINAN PIDIENDO COMO SALVACIÓN LO QUE ANTES FUE SU CONDENA. LA SOBERANÍA NO ES UN DISCURSO: ES UNA RESPONSABILIDAD QUE SE EJERCE O SE PIERDE.
Soberanía no es complicidad: memoria política frente al llamado a la intervención extranjera. En tiempos de polarización extrema, cuando el enojo se confunde con análisis y la urgencia sustituye a la memoria, reaparece una idea peligrosa que América Latina ya conoce demasiado bien: pedir la intervención de otro país para “resolver” los problemas internos de una nación. Presentada como pragmatismo, valentía o incluso como defensa de la democracia, esta postura no es ninguna de esas cosas. Es, en realidad, una renuncia política, una claudicación histórica y una forma sofisticada de irresponsabilidad cívica.
Conviene decirlo con claridad desde el inicio, para evitar trampas discursivas fáciles: defender la soberanía no equivale a defender gobiernos autoritarios. La crítica al poder es no solo legítima, sino necesaria. Lo que resulta profundamente problemático es suspender las reglas básicas del orden internacional y de la vida democrática interna bajo la fantasía de que un actor externo vendrá a “arreglar” lo que una sociedad no ha sabido —o querido— transformar desde dentro.
La historia latinoamericana es contundente. Desde el siglo XIX, la región ha sido escenario recurrente de intervenciones políticas, económicas y militares justificadas en nombre del orden, la estabilidad o la democracia. La Doctrina Monroe, formulada en 1823 bajo el lema “América para los americanos”, inauguró un principio que en la práctica significó América Latina bajo tutela. Golpes de Estado, imposiciones económicas, bloqueos, dictaduras sostenidas desde el exterior y democracias condicionadas forman parte del saldo histórico. Guatemala en 1954, Chile en 1973, Nicaragua en los años ochenta, Panamá en 1989, por citar solo algunos casos, muestran que la intervención extranjera nunca fortaleció la soberanía popular; por el contrario, dejó instituciones frágiles, sociedades polarizadas y dependencias prolongadas. Pedir hoy la intervención de Estados Unidos —o de cualquier potencia— no es una postura moderna ni audaz. Es desconocer deliberadamente que esas acciones han respondido siempre a intereses geopolíticos, no a la emancipación de los pueblos.
El derecho internacional contemporáneo no trata la soberanía como un adorno retórico. La Carta de las Naciones Unidas establece con claridad los principios de igualdad soberana de los Estados, autodeterminación de los pueblos y no intervención en asuntos internos. Estos principios no nacieron de la ingenuidad, sino de la experiencia traumática de guerras, colonialismos y dominaciones externas. Solicitar intervención extranjera implica aceptar que un país pierda la capacidad de decidir su rumbo político. Significa subordinar el conflicto interno a intereses ajenos, renunciando a los mecanismos —imperfectos pero propios— de transformación social, institucional y democrática.
En el caso mexicano, el argumento resulta todavía más endeble. Más de setenta años un mismo partido gobernó el país, no por imposición extranjera directa, sino por una combinación de estructuras internas, acuerdos políticos, silencios sociales y responsabilidades compartidas. El cambio político que llegó —con todas sus contradicciones y pendientes— no fue producto de una intervención externa, sino de procesos sociales, electorales y culturales acumulados durante décadas. Pensar que hoy un actor extranjero vendrá a resolver lo que como sociedad no hemos terminado de construir es desplazar la responsabilidad colectiva. Los cambios estructurales no los produce una potencia; los producen ciudadanos informados, instituciones exigidas y sociedades organizadas.
El auge de estas posturas no surge del análisis, sino del enojo mal digerido. La polarización convierte al adversario político en enemigo y, en ese tránsito, la nación misma se vuelve prescindible. Cuando el desacuerdo ideológico lleva a desear el debilitamiento del propio país con tal de derrotar al oponente, el problema ya no es político, sino ético. La ignorancia histórica —o su negación consciente— juega aquí un papel central. Olvidar lo que significaron las intervenciones extranjeras en América Latina no es una falla de información; es una forma de desmemoria funcional, cómoda para justificar atajos peligrosos.
Nada de esto implica pedir silencio, conformismo o lealtad ciega. Implica algo más incómodo: hacerse cargo. Criticar al poder desde dentro, exigir rendición de cuentas, organizarse políticamente, participar, incomodar, construir alternativas reales: eso es ciudadanía. Pedir que otro país intervenga no es rebeldía; es delegar la soberanía y admitir la incapacidad de transformar lo propio.
La historia latinoamericana no necesita más tutores. Necesita memoria, responsabilidad y madurez política. La soberanía no es un eslogan para defender gobiernos; es un principio para proteger a los pueblos de soluciones que ya demostraron ser destructivas. Los países no se salvan pidiendo auxilio al poder que históricamente los subordinó. Se transforman cuando asumen su conflicto, lo discuten y lo resuelven desde dentro, con todas las tensiones que eso implica.
Mitzy Mayahuel Castillejos Matus
