18/11/2016
La Comunidad de Madrid se suma a las regiones de España que ya tienen su propia normativa para regular las profesiones del deporte. La Asamblea de Madrid ha aprobado hoy una proposición de ley cuyo objetivo pretende evitar el “intrusismo” y que fija el establecimiento de un seguro de responsabilidad civil para cubrir las indemnizaciones por los posibles daños a terceros.
La propuesta, que ha contado con los votos favorables de Ciudadanos, PP y Podemos, “garantiza y mejora la calidad de estos servicios”, ha asegurado Roberto Núñez, diputado del partido naranja y que es el que ha promovido la ley. “De las cinco leyes autonómicas que hay actualmente, esta va a ser la más completa e integradora y será un referente a nivel nacional”, ha aseverado.
“Esta ley contribuye a que todos tengan una igualdad en las reglas del juego, potenciando la calidad y la competitividad de los servicios deportivos y evitando la competencia desleal”, ha añadido, asegurando que “nadie a la entrada en vigor de esta Ley quedará fuera del mercado laboral porque queremos ganar el futuro sin perjudicar el presente”, ya que “podrán habilitarse por experiencia profesional o tendrán un margen amplio de tiempo para sacar la titulación requerida”.
El documento determina los requisitos necesarios para ejercer las profesiones de monitor deportivo, entrenador deportivo, preparador físico, director deportivo y profesor de educación física. Además, se deja claro que se regulará este aspecto independientemente de si la actividad se desarrolla en el sector público o el privado.
El texto también advierte a las empresas y los propios trabajadores de las consecuencias de no regularizar su situación. Entre los mecanismos para garantizar el cumplimiento de esta ley, la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid podrá adoptar medidas de control e inspección necesarias para garantizar que los profesionales que impartan servicios deportivos en la Comunidad de Madrid cumplan con los requisitos y obligaciones marcados. Éstas podrían acabar comportando sanciones económicas.
En cuanto a las sanciones, las mismas pueden ir desde los 1.000 euros hasta los 30.001 euros, así como inhabilitaciones que podrían incluso superar el año, en función de la gravedad de los incumplimientos, siendo el más grave el perjuicio en la salud de un usuario.
