24/03/2023
El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón.
Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos. Para aplicar el proyecto de esos grupos, que consistía en garantizar una mayor concentración de las riquezas, fue necesario destruir las organizaciones político-sociales que luchaban por impedirlo.
Pocos días después, la junta designó como presidente a uno de sus integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, quien fue presentado en un comunicado de prensa oficial como 'un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y militante católico'.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores, sobre todo de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis, la Iglesia Católica y dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito tampoco se pronunciaron en contra.
El peronismo y el radicalismo no resistieron el golpe como se esperaba, ya que sus dirigentes más tradicionales guardaron, en general, un cómplice silencio. Los sectores más combativos ya no tenían capacidad de respuesta, debilitados por el accionar de la Triple A.
Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el 'enemigo subversivo'. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como 'delitos de lesa humanidad'.
Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.
