27/04/2026
CUATRO CONSEJEROS ROMPEN EL SILENCIO EN APURÍMAC Y EXIGEN INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES
En un contexto marcado por el silencio institucional, cuatro consejeros regionales de Grau, Cotabambas, Chincheros y Abancay han sido, hasta ahora, los únicos en fijar una posición pública frente a las graves denuncias de presuntos cobros indebidos y manipulación de procesos de contratación en el Gobierno Regional de Apurímac.
Mediante un pronunciamiento, estos consejeros no solo reconocen la seriedad de los hechos expuestos por el ciudadano Jhosep Barrientos, sino que dan un paso que otras autoridades han evitado: exigir la intervención inmediata de los órganos de control.
Una postura clara en medio del silencio
Mientras otras instancias del aparato regional no han emitido respuesta alguna, los cuatro consejeros han solicitado formalmente al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República que inicien investigaciones de oficio, sin privilegios y con alcance a todos los niveles, incluyendo al entorno del Ejecutivo regional.
El pronunciamiento marca un punto de quiebre en la narrativa institucional: por primera vez, una autoridad electa admite la posible existencia de prácticas ilegales en el acceso a puestos públicos, una problemática que durante años ha sido denunciada sin mayor eco.
Fiscalización que se activa
En su rol de control político, los consejeros han reafirmado su compromiso de fiscalización y han advertido que adoptarán acciones conforme a ley. Además, han solicitado al denunciante que ratifique sus declaraciones ante las instancias correspondientes, lo que refuerza la ruta institucional del caso.
Si bien el documento mantiene el respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, también deja en claro que el cobro por acceso a empleo público constituye un delito que debe ser sancionado con todo el peso de la ley.
El costo del silencio
La intervención de estos cuatro consejeros no solo destaca por su contenido, sino por el contraste que genera. Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos del resto de integrantes del consejo ni de otras autoridades políticas relevantes frente a un caso que compromete la integridad de la administración pública regional.
Ese vacío institucional empieza a ser interpretado en la opinión pública como una forma de pasividad preocupante, especialmente en un escenario donde la transparencia exige respuestas oportunas y verificables.
Un primer paso que presiona al resto
El pronunciamiento no resuelve el problema, pero establece un precedente: obliga a que el resto de consejeros y autoridades definan su posición y coloca el tema en la agenda pública con respaldo institucional.
En un entorno donde el silencio puede erosionar la confianza ciudadana, la decisión de pronunciarse no es menor. Marca una diferencia clara entre quienes optan por la cautela política y quienes asumen el costo de exigir esclarecimiento.
La evolución del caso dependerá ahora de la capacidad de las instituciones competentes para investigar con independencia. Pero, por lo pronto, el mensaje ya está dado: alguien, finalmente, decidió hablar.
